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La convivencia en una comunidad de propietarios no siempre es fácil. Ruidos molestos, morosidad en el pago de cuotas, uso indebido de zonas comunes o diferencias en la interpretación de las normas pueden generar conflictos entre vecinos. Saber gestionar estas disputas de forma adecuada es fundamental para garantizar un ambiente armonioso y evitar que las tensiones deriven en litigios judiciales. 

En este artículo, explicaremos cómo se deben gestionar estos conflictos, qué normativa aplica y qué mecanismos existen para resolverlos.

Marco legal aplicable a los conflictos vecinales

El principal cuerpo normativo que regula las relaciones en una comunidad de propietarios es la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). Esta norma establece las obligaciones y derechos de los propietarios, así como los procedimientos para la toma de decisiones y la resolución de conflictos.

Otros cuerpos normativos que pueden ser aplicables son:

  • Código Civil, especialmente en lo relativo a servidumbres, derechos de propiedad y obligaciones contractuales.
  • Ordenanzas municipales, que regulan aspectos como ruidos, horarios de uso de espacios comunes o normas de convivencia.
  • Normativa autonómica, que puede establecer regulaciones específicas sobre propiedad horizontal y vivienda.

Tipos de conflictos más comunes en comunidades de propietarios

  • Ruidos y molestias

Uno de los problemas más frecuentes en comunidades de vecinos es el ruido excesivo. La LPH, en su artículo 7.2, establece que «Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él actividades prohibidas en los estatutos que sean dañinas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas«.

Si un vecino realiza actividades que generan ruido excesivo (por ejemplo, fiestas constantes, música alta o reformas fuera del horario permitido), la comunidad puede tomar acciones legales, como enviarle un requerimiento formal o incluso iniciar un procedimiento judicial.

  • Impago de cuotas comunitarias

La falta de pago puede generar tensiones y afectar el funcionamiento económico de la comunidad. El artículo 9.e) de la LPH establece la obligación de los propietarios de contribuir a los gastos comunes. Cuando un vecino deja de pagar sus cuotas, la comunidad puede requerir el pago mediante una notificación formal y, si persiste la morosidad, interponer una demanda de reclamación de deuda mediante un procedimiento monitorio (artículo 21 LPH), que es un mecanismo rápido y eficaz.

  • Uso indebido de las zonas comunes

El uso de elementos comunes, como terrazas, garajes o jardines, suele ser motivo de conflicto. La comunidad debe regirse por sus estatutos y acuerdos de junta para determinar qué usos están permitidos y cuáles no. En este sentido, los propietarios tienen prohibido realizar en sus propiedades o en las zonas comunes actividades prohibidas en los estatutos que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. En caso de discrepancias, se pueden elevar consultas a la junta o acudir a la vía judicial si un propietario incumple reiteradamente las normas.

  • Obras sin autorización

Las obras en elementos comunes o privativos que afecten a la estructura del edificio o a la convivencia requieren aprobación en junta. Si un vecino realiza obras sin permiso, la comunidad puede exigir su paralización y restauración al estado original.

Mecanismos para la resolución de conflictos

  • Acuerdos en Junta de Propietarios

La Junta de Propietarios es el órgano de gobierno de la comunidad y el espacio idóneo para debatir y resolver conflictos. Según el artículo 14 de la LPH, entre sus competencias está la de aprobar los presupuestos y ejecutar los acuerdos, así como conocer y decidir en los demás asuntos de interés general para la comunidad.

Por ello, muchos conflictos pueden resolverse en la Junta de Propietarios, donde se pueden debatir los problemas y adoptar acuerdos conforme a la mayoría exigida por la LPH. El presidente de la comunidad tiene la potestad de actuar en nombre de la comunidad para exigir el cumplimiento de las normas.

  • Mediación y conciliación

Antes de acudir a la vía judicial, es recomendable intentar la mediación. La Ley 5/2012, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles permite la intervención de un mediador para facilitar el acuerdo entre las partes. Esta vía es rápida, económica y evita la judicialización del conflicto.

  • Acciones judiciales

Si las vías anteriores no funcionan, la comunidad puede acudir a los tribunales. Dependiendo del tipo de conflicto, se pueden interponer:

  • Acción de cesación: Cuando un propietario realiza actividades prohibidas o molestas, la comunidad puede interponer una acción de cesación. El artículo 7.2 de la LPH dispone que, previa advertencia al infractor, la comunidad puede solicitar judicialmente la cesación de la actividad prohibida.
  • Procedimiento monitorio para reclamar cuotas impagadas. En casos de morosidad, la comunidad puede iniciar un procedimiento monitorio para reclamar las cantidades adeudadas. El artículo 21 de la LPH regula este procedimiento, que permite reclamar deudas de forma rápida y eficaz.
  • Denuncia (vía penal) si el conflicto deriva en amenazas, coacciones o actos delictivos.

Consejos para evitar conflictos en una comunidad de propietarios

  • Mantener una comunicación fluida entre vecinos y con la administración de la comunidad. Fomentar una comunicación abierta y respetuosa entre los vecinos es esencial. La creación de canales de comunicación, como grupos de mensajería o tablones de anuncios, puede ayudar a prevenir malentendidos.
  • Conocimiento de las normas: Es fundamental que todos los propietarios conozcan y respeten los estatutos de la comunidad y la LPH. La difusión de estas normas y la organización de reuniones informativas pueden ser de gran ayuda.
  • Consultar los estatutos y normativa vigente antes de tomar decisiones que puedan afectar a la comunidad.
  • Asistir a las juntas de propietarios y participar en la toma de decisiones.
  • Utilizar el sentido común y la empatía, evitando actitudes conflictivas.
  • Recurrir a la mediación antes de iniciar acciones legales, cuando sea posible.

 

En conclusión, la convivencia en una comunidad de propietarios requiere respeto, cumplimiento de las normas y, en caso de conflictos, el uso de mecanismos adecuados para su resolución. La Ley de Propiedad Horizontal establece los derechos y obligaciones de los propietarios, así como las herramientas para gestionar disputas. Apostar por la comunicación y la mediación puede evitar problemas mayores, pero cuando es necesario, la comunidad cuenta con vías legales para hacer valer sus derechos.

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